Iniciativa de ley de la Legisladora Yussara Canales
Pruebas Serían Semestrales y Pagadas con Recursos Propios Para no Causar Daños al Erario
Por Rafael Hernández Guízar
“Quien teme una prueba toxicológica algo debe, y quién se niega a someterse a ella no merece seguir representando al pueblo”, dijo la diputada del Verde Yussara Canales/Foto: Francisco Tapia
La diputada local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Yussara Canales González, lanzó el reto a todos los servidores públicos de elección popular a que se practiquen exámenes toxicológicos periódicos.
Canales González lanzó dicho reto como iniciativa de ley en el Congreso del Estado para que todos los funcionarios de elección popular, incluyendo al gobernador, diputados locales y federales, así como a los regidores, síndicos y presidentes municipales, a practicarse exámenes toxicológicos constantes con la intención de asegurarse de que están libres del consumo de cualquier tipo de droga, pruebas que se harían de manera semestral y que además según dijo, deberían de practicarse con recursos propios para que no cause daños al erario.
“Quien teme una prueba toxicológica algo debe, y quién se niega a someterse a ella no merece seguir representando al pueblo”, sentenció categóricamente la diputada vallartense.
A decir de Yussara Canales, si estas pruebas se practican ya entre los cuerpos de seguridad como los policías y militares, quienes deben de aprobar los exámenes de control de confianza, lo mismo debería de pasar entre los funcionarios que llegan a cualquier cargo por la vía del voto popular: “No hay razón para que los políticos gocen de un privilegio distinto”.
La iniciativa plantearía de esta manera reformas a la ley para los servidores públicos del estado de Jalisco y sus municipios, así como a la ley de responsabilidades políticas y administrativas del estado, pues quienes dieran positivo a la ingesta de sustancias prohibidas tendrían una sanción directa.
La diputada indicó que de aprobarse esta medida podría Jalisco estar a la par de lo que ya es una obligación en otros estados como Baja California, donde los servidores públicos de primer nivel se realizan exámenes antidoping cada año.
