También Buscar Reducir los Beneficios Procesales
Van Contra Quien Sustraigan, Comercialice o Posea Componentes Utilizados en la Prestación de Servicios Públicos, Como Tapas de Alcantarillas, Cables o Tuberías, Entre Otros
Por Rafael Hernández Guízar
La legisladora Adriana Medina (MC) resaltó que se busca limitar las salidas alternas y la suspensión condicional del proceso para quienes sean vinculados por la posible comisión de dichos delitos/Foto: Francisco Tapia
En Jalisco serían más duras las penas contra quienes cometan daños contra las instalaciones a los servicios públicos.
La diputada del partido Movimiento Ciudadano (MC) Adriana Medina Ortiz, destacó que propuso la reforma al código penal, para que en el artículo 236, sean más graves las penas y se reduzcan los beneficios procesales a quienes sustraigan, comercialicen o posean componentes utilizados en la prestación de servicios públicos.
“Estamos buscando la redacción de los tipos legales y cambiando las cosas para que no haya vacíos legales que se conviertan en la salida de delincuentes, o que fomenten la impunidad (…) esto representa una afectación grave a los servicios públicos que repercute en riesgos para los ciudadanos que circulan o transitan donde se roban las tapas de alcantarillas, así como por lugares oscuros donde se roban los cables o las tuberías, por lo que existe la necesidad de agravar las penas de este delito, adaptándolo al nuevo contexto social y que restrinja los beneficios procesales”.
Dicha propuesta establece sanciones mayores para delitos relacionados con el robo de cable y materiales de infraestructura urbana directamente relacionados con el alumbrado público, la energía eléctrica, drenaje, agua potable, telecomunicaciones, gas natural y señalización vial.
Resaltó que se busca limitar las salidas alternas y la suspensión condicional del proceso para quienes sean vinculados por la posible comisión de dichos delitos, de modo así que los imputados no puedan evadir la sanción ante el juez de control.
Así mismo se agregará aspectos fundamentales como considerar culpables del mismo delito a quienes comercialicen, o posean materiales relacionados con los servicios antes mencionados, ya que al momento estos delitos son considerados como no graves y permiten que haya acuerdos reparatorios, lo que hace muy complicada la imposición de una pena mayor.
Las sanciones serían de acuerdo con el valor de lo sustraído, es decir entre 5 y 10 años de prisión, con multas de 15 a 70 UMAS para los casos menores; de 6 a 12 años de prisión con multa de 20 a 80 UMAS en montos intermedios, y de 8 años con 6 meses a 15 años de prisión con multas de 30 a 100 UMAS si el costo de los sustraído no excede las tres mil UMAS,
Lo anterior motivaría operativos especiales en las chatarreras, sobre todo que pertenecen a la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Esta sería una de varias reformas que estaría planteando la legisladora en materia penal para evitar que haya vacíos legales, y oportunidades para aquellos que delinquen y que se aprovechan de las salidas alternas para evitar la imposición de sanciones mayores.
