Comunidades han Esperado 18 Años por el Estudio
Titular del Comité de Defensa Ambiental de El Salto Espera que Ahora sí Cumplan y las Secretarías de Salud Federal y Estatal Realicen el Estudio
Por Rafael Hernández Guízar
Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, indicó que se trata de un estudio epidemiológico para determinar la toxicidad del agua del río y la relación con las enfermedades que aquejan a la población cercana al cuerpo de agua/Foto: Francisco Tapia
Está por terminar el 2025 y el gobierno federal no ha dado respuesta a la contaminación del Río Santiago.
Raúl Muñoz Delgadillo, presidente del Comité de Defensa Ambiental de El Salto, indicó que aún conservan esperanzas de que el gobierno de la República y el del estado puedan actuar en consecuencia y cumplir la promesa de finalmente sanear el río Santiago, tras la reunión que sostuvieron el pasado viernes 5 de diciembre con autoridades estatales y federales, ya que el secretario de Salud de Jalisco, Héctor Raúl Pérez Gómez, se comprometió públicamente a que realizarán al fin, un estudio epidemiológico para determinar la toxicidad del agua del río, y la relación con las enfermedades renales y demás padecimientos que aquejan a la población.
“Públicamente se comprometió a que entre la Secretaría a su cargo y la Secretaría de Salud Federal (SSa) estarían realizando dicho estudio también para determinar el riesgo que tienen las personas más cercanas a las aguas del río Santiago y los cuerpos de agua contaminados”, dijo Muñoz Delgadillo.
“Tuvimos una reunión con la comisionada de la presidencia de la república para la restauración del Río Santiago, Claudia Gómez Godoy, estuvieron funcionarios de la Conagua y de la Secretaría de Salud Federal, esto fue el secretario de Salud estatal y representantes de los municipios para ver el problema de los daños que ha traído a la salud de las personas. Desafortunadamente no hemos podido hacer reaccionar a las autoridades y esperamos que con esta reunión tocando el tema de la salud se pueda finalmente conseguir algo, hace casi ya 18 años tras la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha en febrero del 2008, ese mismo mes se emitió una recomendación por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en esa recomendación se recomendaba a la Secretaría de Salud realizar un estudio epidemiológico en la zona para ubicar las colonias que tienen más riesgos de daños a la salud por estar cercanas al río Santiago y los cuerpos de agua contaminados, han pasado 18 años y ese estudio nunca se realizó”.
Por sorprendente que parezca, ni las autoridades federales ni las estatales reconocieron estar enterados del contenido de la macrorecomendación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, algo que fue un suceso nacional e histórico por la gran cantidad de autoridades involucradas a las que se les exigió una intervención inmediata que simplemente no se ha realizado.
Empero, Raúl Muñoz destacó que hizo lo propio, y exigió el cumplimiento de dicha macrorecomendación: “Yo les recordé a los presentes esta situación y lo que me sorprendió es que nadie de los asistentes conocían el contenido de la macrorecomendación, sobre todo para que se haga dicho estudio que es fundamental para encontrar una solución para detener las descargas, pero también para atender principalmente a las personas que están siendo afectadas en su salud; esperamos que dejen de simular que están trabajando porque no se han atrevido a frenar las descargas industriales ni las municipales, siguen con un discurso de restauración y sembrando árboles, pero sin tocar ni por equivocación a los industriales, y eso nos sigue condenando a estar viviendo en un medio ambiente altamente contaminado y peligroso”.
La intención es que, tras la realización de dicho estudio epidemiológico, la presidencia de la República solicite al Congreso de la Unión la declaratoria de emergencia como zona de riesgo para obtener los recursos necesarios para reubicar a los afectados, así como para la construcción de los hospitales, al igual que exigir al gobierno Estatal las sanciones que se requieren a los industriales y los municipios inmiscuidos.
