Registro Obligatorio en Hoteles y Moteles
Iniciativa Legislativa Pretende Crear Registro Obligatorio de Huéspedes en Plataformas de Hospedaje y Establecimientos Turísticos
Por Rafael Hernández Guízar
Las diputadas Mónica Magaña Mendoza y Gabriela Cárdenas Rodríguez presentaron la iniciativa/Foto: Francisco Tapia
En Jalisco pretenden blindar la niñez con reformas a la Ley de Turismo, para evitar la explotación sexual en hoteles y moteles de la entidad. Las diputadas Mónica Magaña Mendoza y Gabriela Cárdenas Rodríguez, ambas diputadas del partido Movimiento Ciudadano (MC), presentaron la iniciativa.
El objetivo, señalaron, es fortalecer la seguridad de niñas, niños y adolescentes en plataformas de hospedaje y establecimientos turísticos en la entidad, con el establecimiento de reglas claras y obligatorias dentro de la Ley de Turismo que permita prevenir riesgos y proteger a la niñez en condiciones vulnerables.
De acuerdo con las diputadas, la propuesta contempla la creación de un registro obligatorio de huéspedes en plataformas de hospedaje y establecimientos turísticos, que permitiría identificar cuántas personas ingresan a los espacios de hospedaje, incluyendo a los menores de edad así como las condiciones en las que acceden, además de establecer la implementación de cámaras de seguridad en los accesos a las viviendas destinadas a este servicio, grabaciones que deberán estar disponibles para las autoridades por un periodo mínimo de un año para contar con una herramienta para actuar ante cualquier situación de riesgo.
En el caso de las plataformas digitales como Airbnb, se tendrá que habilitar también mecanismos para la identificación de menores de edad solicitando la acreditación de parentesco o en su caso una autorización por escrito que justifique su acompañamiento, algo que según las diputadas permitirá tener un mayor control sobre quienes ingresan a dichos espacios.
El trabajo sería coordinado con la Secretaría de Turismo del gobierno estatal para la formalización y puesta en marcha de protocolos que ayuden a detectar y prevenir posibles casos de violencia o explotación infantil, así como establecer la obligación de capacitar a los prestadores de servicios turísticos con el fin de que se puedan identificar situaciones de riesgo y denunciar de manera oportuna ante las autoridades correspondientes.
