Critican Ambientalistas
Aseguran que el Programa Funciona Solo Como un Mecanismo de Transferencia de Recursos Públicos Hacia una Empresa Transnacional
Por Rafael Hernández Guízar
Integrantes de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales reiteraron que el programa de verificación vehicular se trata de un negocio transnacional a costa del erario/Foto: Cortesía
Ambientalistas arremetieron en contra del gobierno de Jesús Pablo Lemus Navarro, por la verificación vehicular en Jalisco.
Integrantes de la Coordinadora Jalisciense de Asuntos Ambientales reiteraron que se trata de un negocio transnacional a costa del erario.
Jaime Aldrete Medina integrante de la organización, indicó que, a siete años de la implementación de la verificación vehicular, este programa ha demostrado ser un rotundo fracaso en materia ambiental, pues funciona solo como un mecanismo de transferencia de recursos públicos hacia una empresa transnacional de nombre WEP.
Resaltó que dicha empresa tiene un contrato que obliga al gobierno estatal a pagar entre 800 y 900 millones de pesos al año independientemente de si los vehículos son verificados o no.
Agregó que la relación que sostiene la actual administración estatal se ha convertido en una sangría para las arcas jaliscienses, pues podría llegar a tener un costo de nueve mil millones de pesos durante los próximos 10 años, lo que, de acuerdo a su consideración, debería destinarse a cosas urgentes y no a este tipo de programas sin resultados tangibles.
Aldrete Medina recordó que, desde hace 15 meses, en una reunión que sostuvieron en el Palacio de Gobierno, se firmaron compromisos para establecer mesas de análisis que integrarían a todos los actores involucrados incluyendo a expertos técnicos y mecánicos, para corregir dicho programa; sin embargo, ha quedado solo en una promesa ignorada por el gobierno de Jalisco.
Por ello propuso, a nombre de la Coordinadora, la cancelación del programa con la empresa transnacional que cobra millones y millones de pesos al año al gobierno de Jalisco, así como que el gobierno estatal asuma la responsabilidad controlando los centros de verificación para que el servicio sea gratuito para la sociedad y, finalmente, que se transparente el denominado fondo verde que representa, aseguró, un supuesto fondo que se integra con los recursos que se obtienen por el cobro de foto infracciones y las partidas presupuestales especialmente destinadas para movilidad en el estado.
